Ante el incremento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la pérdida acelerada de biodiversidad a nivel global, las consideraciones ambientales comienzan a jugar un rol preponderante en la política comercial. Uno de los disparadores de este debate es la iniciativa de la Unión Europea de fijar aranceles en función del nivel de emisiones contenidas en bienes importados intensivos en emisiones, con el fin de aminorar las fugas de carbono inducidas por el Pacto Verde , el cual tiene, entre sus objetivos principales, emitir cero emisiones netas en la UE en 2050.
La idea de integrar consideraciones ambientales dentro de la política comercial no es nueva. Desde la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, el número de provisiones ambientales en los tratados de libre comercio firmados a nivel mundial se ha incrementado de manera sostenida para asegurar que los países involucrados no relajen sus regulaciones ambientales para beneficiarse del libre flujo de bienes y servicios, promover el crecimiento sostenible y limitar los efectos negativos del libre comercio en el medio ambiente.
El número de Tratados Comerciales en América Latina con provisiones ambientales es variable y, en general, se han adoptado cuando uno de los socios comerciales es Canadá, Estados Unidos, Panamá, Chile o México.
Entender el alcance y la penetración de estas cláusulas es relevante ante la reactivación de los temas ambientales en las discusiones de comercio internacional. En particular, establecer cláusulas ambientales adecuadas será crucial para avanzar con la firma del acuerdo birregional MERCOSUR ? Unión Europea firmado el 28 de junio de 2019 y que a la fecha se encuentra paralizado por las exigencias europeas relacionadas al Pacto Verde, lo que impone que los miembros del Mercosur acepten compromisos adicionales en materia ambiental, que será parte de las negociaciones que se están llevando adelante en 2023.