En América Latina, en las últimas décadas, muchos países experimentan la presencia de organizaciones delictivas que ejercen diferentes grados de control territorial. En algunos casos, estas organizaciones desarrollan estrategias de gobernanza -control de facto- sobre distintos aspectos de la vida social, económica y política de los territorios donde operan. Los estudios sobre gobernanza criminal asumen que la debilidad relativa del Estado, o su capacidad para implementar políticas punitivas, son factores que impactan en el crecimiento y afianzamiento de las organizaciones criminales. A partir de estos antecedentes y de una investigación previa sobre Uruguay, en este proyecto argumentamos que la capacidad de los estados deben entenderse tanto en relación al despliegue efectivo de políticas de seguridad como al desarrollo de políticas sociales en el territorio. Cuando ello ocurre, la gobernanza criminal adopta una forma particular: se circunscribe al control de los mercados ilícitos, en contraposición a otras esferas de la vida social a diferencia de lo que ocurre en otros casos de América Latina donde esta combinación de atributos no está presente. Para testear este argumento usamos un diseño de comparaciones subnacionales dentro de Uruguay, un caso donde la literatura indica que no deberíamos esperar fenómenos de gobernanza criminal. El diseño se vale una combinación de técnicas cualitativas, cuantitativas y experimentales para describir variaciones en los tipos de gobernanza criminal y en las características que asumen las organizaciones criminales en un caso como Uruguay. El proyecto discute con la literatura comparada sobre gobernanza criminal en América Latina, contribuyendo a la identificación de variaciones sobre este fenómeno.